El debate público sobre la reforma de la Ley de Salud Mental se intensificó recientemente, generando preocupación entre diversos sectores especializados que advierten sobre un posible retroceso en materia de derechos humanos.
Jaschele Burijovich, psicóloga y docente, en diálogo con Radio Punto a Puto indicó que los cambios propuestos podrían implicar una tendencia hacia “más control y más encierro”, una dirección que considera inoportuna dado el contexto político y social actual.
Uno de los ejes centrales de la controversia son las internaciones involuntarias. Según explicó Burijovich, este mecanismo ya se encuentra plenamente contemplado en la normativa vigente desde el año 2010. La ley actual permite estas intervenciones de forma excepcional cuando existe un “riesgo cierto para sí o para terceros”, entendiendo que se trata de una privación de la libertad que requiere garantías legales estrictas para resguardar los derechos del paciente.
Malestar social y salud mental
La advertencia de los especialistas se da en un marco donde el malestar psicológico de la población creció significativamente. Datos del Observatorio indican que este indicador superó incluso los registros de la crisis de los años 90. Este fenómeno no se mide a través de enfermedades psiquiátricas estrictas, sino mediante percepciones cotidianas como sentirse triste, deprimido o con incapacidad de proyectar un futuro.
El estudio vincula directamente este deterioro de la salud mental con factores socioeconómicos críticos:
- Desempleo y pobreza.
- Precarización laboral (quienes trabajan informalmente reportan mayor malestar).
- Falta de vivienda.
El riesgo de “patologizar” la pobreza
Una de las mayores preocupaciones expresadas por Burijovich es la posibilidad de que la reforma vincule la salud mental con problemáticas puramente sociales. Fue contundente al afirmar que la situación de calle o la falta de trabajo no pueden ser causales de internación en centros de salud mental.
Frente a la propuesta de aumentar el encierro, los especialistas proponen un enfoque diametralmente opuesto: fortalecer los dispositivos comunitarios. La alternativa sugerida consiste en generar más equipos profesionales presentes en los barrios que puedan acompañar las situaciones de vulnerabilidad desde un enfoque de cercanía y prevención, en lugar de recurrir a la institucionalización.
