Esmeralda Mitre volvió a quedar en el centro de la escena judicial y mediática tras presentar una nueva denuncia ante la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM). La actriz y una de las herederas de Bartolomé Mitre acusó a directivos del diario La Nación, a abogados, médicos, una escribana y figuras del mundo mediático de integrar un entramado que, según sostiene, tuvo como objetivo despojarla de sus derechos hereditarios y silenciarla públicamente.
La presentación judicial, realizada en diciembre pasado, incluye cargos por asociación ilícita, violencia de género e institucional, y se suma a otros expedientes que tramitan en paralelo por la disputa patrimonial en torno al paquete accionario del multimedio. En su escrito, Mitre aseguró que los hechos se iniciaron antes del fallecimiento de su padre, en marzo de 2020, y que respondieron a un plan coordinado para marginarla de la sucesión.
Denuncia, herencia y control accionario
En la causa, Mitre afirma que fue privada de una parte “esencial” de la herencia vinculada a KMB S.A., sociedad que posee acciones clave en S.A. La Nación. Apuntó especialmente contra Federico Spínola, a quien identifica como el mayor accionista individual, y denunció la existencia de firmas presuntamente falsificadas y maniobras irregulares para consolidar ese control.
Su abogado, Daniel Llermanos, sostuvo que la estructura denunciada responde a un esquema “mafioso”, mientras que desde el diario indicaron que, por el momento, no realizarán declaraciones públicas sobre la causa.
Internación compulsiva y exposición mediática
La denuncia también retoma el intento de internación compulsiva que Mitre denunció haber sufrido en agosto de 2024, y señala la participación de profesionales de la salud y empresas de medicina prepaga. Además, cuestiona la difusión mediática del conflicto y sostiene que existió una estrategia para deslegitimar su palabra y restringir su derecho a expresarse.
Para Mitre, el caso excede una disputa familiar o empresarial y se inscribe en un patrón más amplio de violencia institucional, que ahora quedó bajo análisis de la Justicia.
